El proyecto de modificaci\u00f3n del C\u00f3digo de Aguas, que se encuentra en su tercer tr\u00e1mite constitucional, contempla modificar el actual art\u00edculo 56, que reglamenta las \u00abaguas del minero\u00bb; es decir, aquellas aguas subterr\u00e1neas que en la explotaci\u00f3n de las minas aparecen fortuitamente. Estas se encuentran reglamentadas en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Aguas y en el art\u00edculo 110 del C\u00f3digo de Miner\u00eda. En virtud de ellos, el titular de una concesi\u00f3n minera que encuentre (\u00abhalle\u00bb) aguas en sus labores, adquirir\u00e1 el derecho de aprovechamiento sobre ellas por el s\u00f3lo ministerio de la ley, en la medida que ellas sean \u00abnecesarias\u00bb. La propuesta se ha tramitado como modificaci\u00f3n de ley simple (que el C\u00f3digo de Aguas s\u00ed lo es), sin considerar que ello tambi\u00e9n involucra materias que la Constituci\u00f3n reserva a la ley org\u00e1nica constitucional, por afectar las concesiones mineras, lo que produce un primer problema de constitucionalidad del actual proyecto.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, elimina el car\u00e1cter de \u00abderecho por el s\u00f3lo ministerio de la ley\u00bb de esas aguas del minero y lo reemplaza eufem\u00edsticamente por una mera \u00abutilizaci\u00f3n\u00bb, en un intento por precarizar el estatus que actualmente tiene.<\/p>\n\n\n\n
Este cambio s\u00f3lo podr\u00eda aplicarse a las concesiones mineras constituidas con posterioridad a la vigencia de esta modificaci\u00f3n, pues las vigentes ya tienen incorporado dentro de su estatuto legal, el \u00abderecho\u00bb sobre esas aguas. De aplicarse a estas \u00faltimas, la modificaci\u00f3n legal ser\u00eda un acto expropiatorio.<\/p>\n\n\n\n
Conjuntamente, se indica que la utilizaci\u00f3n de tales aguas ser\u00e1 en la medida que sean \u00abnecesarias para las faenas de explotaci\u00f3n\u00bb y sean informadas a la Direcci\u00f3n General de Aguas (DGA) dentro de un plazo de 90 d\u00edas, indicando su ubicaci\u00f3n y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. Con ello, la actual redacci\u00f3n no considera la utilizaci\u00f3n de esas aguas para el \u00abbeneficio\u00bb de los minerales ya arrancados, parte industrial de la actividad minera que ocupa efectivamente el agua.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, obliga al concesionario minero a informar las aguas \u00absobrantes\u00bb (que no se necesitan para la faena), lo que permitir\u00eda que cualquier tercero pudiera constituir derecho de aprovechamiento, sin otorgar al concesionario minero un derecho preferente, produciendo serios problemas para el ejercicio de las facultades inherentes al derecho del titular.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, establece que el uso y goce de estas aguas se extinguir\u00e1 por el cierre de la faena, sin distinguir si es \u00abfinal\u00bb o \u00abparcial\u00bb; por la caducidad o extinci\u00f3n de la concesi\u00f3n; porque dejen de ser necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto. Todo lo anterior otorga inestabilidad a la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, subyacen en el proyecto causales de extinci\u00f3n que necesariamente debieran ser de competencia de los tribunales ordinarios de justicia. Al ser las \u00abaguas del minero\u00bb parte del estatuto legal de las concesiones mineras, lo que se dice del todo, debe entenderse que se dice de cada una de sus partes.<\/p>\n\n\n\n
En resumen, pese a que el actual proyecto es levemente mejor que el discutido en 2016, adolece de un grave problema de constitucionalidad, adem\u00e1s de serias deficiencias t\u00e9cnicas que producir\u00e1n problemas interpretativos posteriores, socavando la seguridad jur\u00eddica que ha sido clave para el desarrollo de nuestra industria minera.<\/p>\n\n\n\n